Aunque el Gobierno Regional de Madrid
destinara entre 800 y 1.000 millones de pesetas
para aplicar medidas que faciliten la vida
a las personas con alguna discapacidad física,
todavía queda mucho por hacer
para que un minusválido o un invidente
tenga las mismas facilidades que cualquier otro ciudadano
a la hora de desarrollar su jornada cotidiana.
Creo que las barreras con las que tiene que luchar
una persona que tiene alguna problemática especial,
o en nuestro caso, una deficiencia visual grave,
son barreras psicológicas,
sociales y materiales.
No son tanto las barreras arquitectónicas
de acceso a los centros universitarios
o acceso a los centros escolares,
porque esas barreras son subsanables con una rehabilitación
y un adiestramiento previo idóneo.
Organizaciones como la ONCE
tienen consciencia de que es necesario
construir un entorno menos discriminador
y colaborar activamente desde dentro hacia fuera
para alcanzar este objetivo.
En ese sentido, nuestros apoyos van dirigidos en dos líneas.
Una, en el área económica para cubrir todas las necesidades
que le comporta la actividad académica.
Y la otra, conocida como adaptación del puesto de estudio.
Esto significa armar tecnológicamente
a un estudiante universitario que padece ceguera
para permitirle que las horas que invierte en el estudio,
las pueda rentabilizar al máximo.